Argentina,
primer país que condena a los jerarcas del Plan Cóndor
Un tribunal certifica el pacto de
las dictaduras latinoamericanas para asesinar disidentes
Buenos
Aires 28 MAY
2016 - 00:29 BRT
Los dictadores Augusto Pinochet (Chile) y Jorge
Videla (Argentina) Archivo
El Plan Cóndor fue algo único. Un pacto entre seis dictaduras
latinoamericanas para intercambiar información y sobre todo
colaborar en secuestros y asesinatos de disidentes políticos que luchaban para
derrocarlas. Es una de las historias trágicas más conocidas de América, con
centenares de víctimas. Y sin embargo, más de 30 años después de su acta
fundacional, firmada el 28 de diciembre de 1975 en
Santiago de Chile y encontrada en el “Archivo del Terror” de
Paraguay, ninguna sentencia judicial había reconocido su existencia como una
asociación ilícita organizada para matar. Argentina, un país en el que el
proceso de los juicios de lesa humanidad está muy avanzado y no cesa, se ha
convertido en el primero que condena formalmente a los jerarcas del Plan Cóndor
en un larguísimo juicio con 105 víctimas y 18 imputados que empezó en 1999 con
cinco casos y ha ido creciendo poco a poco. Un tribunal federal condenó por
"asociacion ilícita en el marco del Plan Cóndor" entre 8 y 25 años a
los principales imputados.
El exagente de inteligencia Miguel Ángel Furci (izq.) escucha su
condena. David Fernández / EFE
Entre los condenados está Reynaldo
Bignone, último dictador argentino, y el general Santiago Riveros. También está
el coronel uruguayo Manuel Cordero, que fue extraditado en 2007 a Argentina
desde Brasil, y el exagente de la inteligencia argentina Miguel Ángel Furci,
que recibieron las penas más altas, de 25 años de cárcel. No figuran los
máximos jefes del Plan Cóndor porque han muerto, pero simbólicamente el proceso
judicial también va contra ellos. De hecho, el más cruel y conocido de los
dictadores argentinos, Jorge Videla, murió tres días después
de declarar en este juicio. Afrontar su responsabilidad en el Plan
Cóndor fue lo último que hizo en vida. Videla aseguró ante el tribunal que se
hacía cargo de toda la responsabilidad pero sin dar ningún detalle nuevo.
“Lo importante de este juicio es
que por primera vez en América Latina un tribunal reconoce la existencia del
Plan Cóndor como asociación ilícita, es un juicio clave porque si estuvieran
vivos Pinochet o Stroessner estarían en esta causa", explica Gastón
Chiller, director ejecutivo del CELS, un organismo de derechos humanos muy
respetado en Argentina que ha promovido este y otros muchos juicios contra los
jerarcas de la dictadura militar.
La prensa de la época da cuenta del hallazgo de cadáveres. Archivo
La nacionalidad de las 105
víctimas cuyos familiares escuchaban emocionados la sentencia da una idea de
las dimensiones del Plan Cóndor. 45 de ellos eran uruguayos, 22 chilenos, 13
paraguayos, 11 bolivianos y 14 argentinos. Entre los presentes en el tribunal
estaba Macarena Gelman, hija de la desaparecida María Claudia García, que fue
entregada a una familia cómplice de la dictadura uruguaya y recuperó su identidad
en el 2000, a los 23 años. La nieta del fallecido poeta Juan Gelman escuchó con satisfacción la condena a
Cordero, que fue recibida con aplausos en la sala de audiencias.
Argentina abre así una puerta que
en otros países parece mucho más cerrada. Por ejemplo, en Brasil, rige una ley
de amnistía que impide llevar a los tribunales a los responsables de los
crímenes cometidos por su dictadura (1964-1985). De hecho ninguno de los
miembros del Plan Cóndor ha llevado a cabo un proceso como el argentino, un
país en el que prácticamente todos los personajes clave de la dictadura están
en la cárcel o en arresto domiciliario por su avanzada edad. La memoria
histórica se ha convertido en una política de Estado que se ha mantenido con
Mauricio Macri como presidente, como muestran los el medio centenar de juicios
en los que el Estado es querellante. El otro gran juicio por el Plan Cóndor se
desarrolla lejos del continente, en Roma, en un proceso contra 30 exmilitares y
civiles de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, acusados de la desaparición y muerte
de 43 opositores, entre ellos varios de origen italiano.
La creación del Plan Cóndor quedó
absolutamente probada durante el juicio argentino, tanto es así que existe
incluso ese acta fundacional firmada durante una reunión de los responsables de
la inteligencia de las dictaduras y firmada por los representantes de Argentina
(Jorge Casas, capitán de navío, SIDE, que aún no representaba a una dictadura
militar), Bolivia (Carlos Mena, mayor del Ejército), Chile (Manuel Contreras Sepúlveda,
jefe de la DINA), Uruguay (José Fons, coronel del Ejército) y Paraguay (Benito
Guanes Serrano, coronel del Ejército). Brasil no firmó esa primera acta pero
otros documentos muestran con claridad que participó en el Plan Cóndor.
En el “Archivo del Terror” de
Paraguay se encontró una invitación de la DINA -servicios secretos de Pinochet-
“para promover la coordinación y establecer algo similar a lo que tiene
Interpol en París, pero dedicado a la subversión”. En el texto formal firmado
en Chile se señala: “Se dan por iniciados a partir de esta fecha los contactos
bilaterales o multilaterales a voluntad de los respectivos países aquí
participantes para el intercambio de información subversiva, abriendo propios o
nuevos carteles de antecedentes de los respectivos servicios”.
El plan empezó como un
intercambio de información y fue creciendo hasta que pasó a la fase de
secuestrar o asesinar directamente a los disidentes en los países donde
estuvieran escondidos, siempre con la autorización implícita de la dictadura
local. El Plan Cóndor fue extendiendo sus fronteras y la dictaduras empezaron a
asesinar a disidentes en Europa y EEUU, como el conocido caso de Orlando
Letelier, exministro del Gobierno de Salvador Allende, asesinado en Washington
en septiembre de 1976.
Una de las grandes preguntas que
quedan pendientes es la participación de EEUU en el Plan
Cóndor. Durante el juicio, según los investigadores del CELS, no ha
aparecido ninguna prueba definitiva de que algún organismo de este país
promoviera el plan pero sí ha quedado claro por distinta documentación, entre
ellas alguna desclasificada por el propio Departamento de Estado de EEUU, que
lo conocían con detalle.
Muchos investigadores confían
ahora en que la promesa de Barack Obama de
desclasificar más documentos relacionados con las dictaduras
latinoamericanas, especialmente los de la CIA, ofrezca mucha más información.
Lo que sí se sabe es que EEUU se fue alejando a medida que el Plan Cóndor
empezó su oleada de asesinatos en distintos países y dejó de ser un plan
secreto. Son los documentos de EEUU los que con más detalle explican el
objetivo del plan: “Implica la formación de equipos especiales por los países
miembros para llevar a cabo sanciones hasta asesinatos contra terroristas o
simpatizantes de organizaciones terroristas de los países miembros de
‘Operación Cóndor’. A los equipos especiales se les emitirían documentos falsos
de parte de los países miembros de ‘Operación Cóndor’ y podrían estar
compuestos exclusivamente por individuos de una de las naciones miembros de
‘Operación Cóndor’ o podrían estar compuestos por un grupo mixto de varias
naciones miembros de ‘Operación Cóndor’”, detalla. En cualquier caso, explican
en el CELS, la operación Cóndor fue un plan latinoamericano, diseñado por las
dictaduras para acabar con sus propios disidentes.
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